¿La calle es tuya?

La alcaldesa se extralimita al pretender cobrar a una asociación de Padres de Alumnos por la utilización del Centro Cívico, a las juventudes de un partido político o a una Plataforma por la Defensa de la Educación pública, por difundir sus ideas, y por la reivindicación en la calle.

Como en el disco de Estopa, preguntamos ¿la calle es tuya? Es la pregunta de miles de ciudadanos y de colectivos que ven como en pueblos y ciudades, con la aplicación de diversas ordenanzas y en determinadas actuaciones se coartan las libertades civiles y derechos fundamentales como es el derecho de reunión.
No es casualidad que Mª Carmen, en representación de un partido político de derechas, defienda los intereses del capital y se haga eco de los valores más decadentes y retrógrados. Defiende los intereses de todos aquellos que detentan el poder económico, e intenta impedir la actividad de cualquier oposición política y social.

Pero ¿por qué? ¿Qué subyace en las actuaciones de Mª Carmen y su equipo?
Un modelo ideológico que supone un modelo de ciudad, y de uso del espacio público.
Este modelo de ciudad mercantiliza el espacio público, transformándolo incluso en mercancía y sometiéndolo a las leyes del mercado. Es detraído de sus verdaderos dueños, el conjunto de los vecinos, para convertirlos en comparsas que forman parte del decorado, de un escaparate que puede comprarse y venderse. Se plantea un concepto de ciudad que responde más a intereses especulativos que a valores sociales, justificando la privatización del espacio público, transformado de espacio de socialización a un espacio de consumo.

El déficit 0 y la disminución del gasto, se utilizan como justificación de la privatización del espacio público y para el establecimiento y subida de tasas.
Podemos ver un ejemplo de este doble proceso en la proliferación de terrazas de locales comerciales, que han incrementado su tamaño y que han sido valladas de forma permanente, impidiendo el estacionamiento y el paso, aumentando el espacio del local por el pago de una tasa. Estos locales aumentarán su beneficio y tributarán al estado (central y autonómico) de forma proporcional, mientras que al ayuntamiento tributarán por una tasa fija minúscula (en proporción).
Por tanto no hay una correlación entre el aumento de beneficio (de la empresa) y la tributación al ayuntamiento.

Sin embargo es el mismo argumento (disminuir el gasto) que se utiliza para pedir una tasa por utilización del espacio para diversas entidades sin ánimo de lucro, partidos políticos, o ciudadanos etc., a las cuales se les pretende aplicar unas tasas que a veces pueden suponer el 60% del presupuesto anual de la asociación y en ocasiones de forma ilegal o rallando en la ilegalidad.
Observamos, por tanto, que hay un interés político en la forma como el PP aplica las tasas, y que el afán recaudatorio es un engaño que esconde un objetivo político: favorecer los intereses particulares y neutralizar (debilitar) la respuesta política y social.

Observamos como aumenta progresivamente la presión fiscal, a través de tasas. Esta proliferación de tasas e impuestos en el uso de un servicio, es un incremento antisocial, que grava por igual a rentas altas y bajas. Es contradictorio con los tiempos de crisis en que nos vemos sumidos porque es socialmente injusto.

Con los anteriores ejemplos vemos claramente cómo las políticas de déficit 0 y de control del gasto utilizan argumentos que son una mentira, y sirven para encubrir y justificar el fenómeno de privatización del espacio público. Esa privatización no repercute en los vecinos, que ven limitado su derecho de paso, y el uso del espacio público, y a los que se les dificulta el ejercicio de sus libertades (gravando con impuestos a sus asociaciones, o los actos en la calle, siempre que no respondan a la ideología del poder o no esté controlado por él).

Frente a un modelo de desarrollo urbanístico basado en la sociabilidad, la habitabilidad, y la sostenibilidad, este gobierno municipal dice defender las leyes del mercado, que en el terreno urbanístico significa plegarse a los intereses especulativos, muchas veces en manos de los ladrilleros, o mafias del ladrillo.

Cuando los vecinos reivindican sus derechos y exponen un discurso ético, se les enfrenta a un discurso utilitarista como único argumento. La ética social se ve suplantada por la ética de libre mercado. El argumento utilitarista, o mercantilista, solo sirve para eliminar la respuesta social y para favorecer intereses económicos. Como consecuencia se desvirtúa el carácter social y de interacción de los espacios públicos.

El ímpetu recaudatorio municipal, tiene un objetivo político y tiene como consecuencia:

• Favorecer intereses económicos especulativos frente a los intereses del conjunto de la ciudadanía.

• Sirve para ejercer el control social y político y entorpecer la libre expresión social y ciudadana e intentar neutralizar la oposición social y política.